Los Estados miembros de la Unión Europea tienen un año para adaptar sus legislaciones nacionales a la directiva de daños derivados de infracciones del Derecho de la Competencia. El 27 de diciembre de 2016 culmina el plazo para la trasposición de esta normativa, que incluye novedades importantes a la hora de juzgar las acciones de daños derivados de cárteles o abusos de posición dominante.
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