La entrada en vigor el pasado 6 de diciembre de la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales se ha traducido en la Comunidad de Madrid en el primer trimestre del año en una disminución del 49,5 % en la entrada de asuntos en la jurisdicción penal, en sintonía con lo ocurrido en el resto de España, donde la media ha sido del 42,7%
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