La entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, supone un cambio radical para la Sociedad Civil española que por fin tiene un marco normativo para que los ciudadanos y las organizaciones cívicas puedan ejercer el derecho a la información pública y bregar por la transparencia de las Administraciones.
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